por Robinson Pérez Arredondo.
La pérdida de autoridad docente no puede entenderse únicamente como un problema de habilidades individuales o de carácter. Explicarla desde la falta de liderazgo, seguridad personal o manejo emocional del docente es una simplificación que no alcanza a dar cuenta de lo que hoy ocurre en las escuelas. El problema es más profundo: se ha debilitado la legitimidad pedagógica del docente para intervenir en el conflicto dentro del aula.
En las últimas décadas, la convivencia escolar ha sido atravesada por dos procesos simultáneos. Por una parte, la judicialización, que transforma los conflictos en potenciales faltas sancionables, sometidas a procedimientos formales y expuestas a denuncia. Por otra, la psicologización, que redefine el conflicto como expresión de estados emocionales o condiciones individuales que deben ser abordadas por especialistas.
El efecto combinado de ambos procesos no es menor: el conflicto deja de ser un contenido pedagógico y pasa a ser un problema que debe resolverse fuera del aula.
En ese contexto, el docente aprende rápidamente algo que no siempre se dice, pero que se instala como regla práctica: intervenir directamente en el conflicto es riesgoso. Puede equivocarse en la forma, puede ser malinterpretado, puede generar reclamos. Frente a ese escenario, el protocolo aparece como refugio y la derivación como mecanismo de protección.
Pero aquí ocurre un desplazamiento crítico: cuando el conflicto se externaliza sistemáticamente, el docente no solo deja de intervenir, sino que pierde el momento pedagógico en que esa intervención tiene sentido.
El estudiante, por su parte, también aprende. No aprende necesariamente normas o valores, sino algo más concreto: que el conflicto no se enfrenta en el espacio donde ocurre, sino que se traslada a otro lugar donde otro adulto se hará cargo. La consecuencia no es solo la pérdida de autoridad del docente, sino la pérdida de su competencia visible frente al grupo. Ya no es percibido como alguien que puede sostener y conducir situaciones complejas.
Esto no significa que la derivación sea en sí misma un problema. Existen situaciones que requieren intervención de otros profesionales, seguimiento institucional o aplicación de protocolos. El problema surge cuando la derivación reemplaza sistemáticamente la intervención pedagógica inicial.
En ese punto, la autoridad no desaparece: se desplaza y se distorsiona. Muchos docentes, al evitar intervenir en conflictos cotidianos, terminan acumulando tensiones que luego emergen de forma tardía y, en ocasiones, desproporcionada. Se pasa de la omisión al control excesivo, no por convicción, sino por saturación.
A esto se suma un elemento cultural relevante: la creciente dificultad para establecer límites sin que estos sean interpretados como daño emocional. Se instala la idea explícita o implícita de que confrontar o poner un límite firme puede afectar negativamente al estudiante. Como consecuencia, el docente inhibe su acción, no solo por temor normativo, sino también por una duda ética: ¿hasta dónde puedo intervenir sin vulnerar?
El resultado es un aula donde el conflicto queda sin tratamiento inmediato, donde los límites se diluyen y donde la intervención se posterga hasta que el problema escala o se formaliza.
Frente a este escenario, la llamada “pedagogía de la convivencia” no puede reducirse a la promoción de valores, al desarrollo socioemocional o a la mejora del clima escolar. Si no logra responder qué hace el docente en el momento concreto del conflicto, se transforma en un discurso bien intencionado pero inofensivo.
Recuperar la autoridad pedagógica no implica volver a formas autoritarias ni desconocer los avances en derechos. Implica reinstalar la intervención pedagógica en el lugar donde ocurre el conflicto: el aula. Esto exige, al menos, tres definiciones claras:
- No todo conflicto debe ser derivado. Es necesario distinguir entre situaciones que pueden y deben ser abordadas por el docente en el momento, y aquellas que requieren un tratamiento institucional más amplio.
- La intervención pedagógica no busca resolver completamente el conflicto en el instante, sino detener la conducta, marcar el límite y abrir un proceso posterior de comprensión y reparación.
- El conflicto es también una instancia formativa. No porque “todo sea aprendizaje” en un sentido abstracto, sino porque es en ese momento donde se ponen en juego normas, responsabilidades y consecuencias.
En términos concretos, esto supone que el docente recupere una secuencia básica de acción frente al conflicto en aula:
Interrumpir la conducta cuando afecta al grupo, nombrar explícitamente la falta sin ambigüedad, establecer un límite claro respecto a lo que no es aceptable, y diferir la conversación más profunda para un momento posterior, evitando resolver todo en medio de la clase.
Este tipo de intervención no elimina la necesidad de protocolos ni de equipos especializados, pero sí restituye algo que hoy está debilitado: la capacidad del docente de actuar pedagógicamente frente al conflicto, en presencia de sus estudiantes.
La autoridad, en este marco, deja de ser un atributo personal o una cuestión de carácter, y vuelve a situarse donde corresponde: en la capacidad de sostener, conducir y dar sentido a lo que ocurre en el aula, incluso cuando aparece el conflicto.
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