por Robinson Pérez Arredondo.
Más allá de la palabra “prohibir” ,que a algunos/as les conmociona, sobre todo cuando vienen del mundo que vive del negocio tecnológico, yo estoy a favor de prohibir el celular en el aula, con las excepciones que contempla la ley.
Lo digo como profesor: hacer clases hoy significa competir con un dispositivo diseñado para capturar atención. Y cuando alguien dice “ya, pero un estudiante también se distrae con una mosca”, está comparando cosas que no tienen comparación. Una mosca no está diseñada para retenerte, seducirte, premiarte y engancharte. El celular sí. Y ya no es “para hablar con alguien”; es un ecosistema completo. Eso, nos guste o no, hay que regularlo.
También escucho el argumento apocalíptico: “si lo prohíben, los estudiantes tendrán un futuro oscuro”. Tranquilos: solo se restringe en la escuela. Podrán usarlo en todos los otros espacios de la vida. La escuela, justamente, es el lugar donde entrenamos hábitos de atención y aprendizaje.
Y otro punto: no necesitamos tener celulares en el aula para enseñar uso responsable. El celular no es un contenido abstracto: las y los estudiantes lo viven todos los días. En cambio, sí hay contenidos verdaderamente abstractos que necesitan foco, andamiaje y práctica. Además, esto no significa una escuela anti-tecnología: se seguirán usando herramientas digitales; el punto es el celular personal y su lógica de distracción permanente. Hasta ahí, bien.
El problema no es la restricción para estudiantes. El problema es el matiz y el argumento con que se justificó que las y los docentes también tengan prohibido usar celulares y otros dispositivos, apelando a la “coherencia” por los efectos nocivos en niños y niñas. Porque cuando la norma mete en el mismo saco a docentes y estudiantes, como si el problema fuera “coherencia”, ahí hay un problema serio.
Y aquí echo de menos algo básico: ¿Cuál es el estudio que demuestra que el uso puntual y funcional del celular por parte de un/a docente en el aula genera daño? Porque, seamos serios: 40 celulares operando en paralelo (uno por estudiante) no es lo mismo que un celular usado por el o la docente con un fin pedagógico o de coordinación.
De hecho, la evidencia internacional que más se cita sobre “distracción digital” apunta sobre todo a la distracción causada por compañeros/as usando dispositivos. En un reporte de la OCDE basado en PISA, una mayoría de estudiantes declara que su atención se desvía por el uso de dispositivos de otros estudiantes, y esa distracción se asocia a peores resultados. Y también hay evidencia experimental que muestra diferencias claras entre uso libre por estudiantes (peor desempeño) versus uso guiado por el docente (el efecto cambia).
Esto suena impecable en un punto de prensa. Pero en una escuela real pasa otra cosa:
1) El “internet del colegio” no llega a la sala (en serio)
En el papel hay wifi. En la práctica: llega a la puerta, no a la sala. Se cae, se satura, no alcanza. Quienes trabajamos en educación lo sabemos. Entonces, cuando necesitas resolver algo rápido, ¿Qué queda? El teléfono.
2) El celular del docente no es entretenimiento: es herramienta (y el propio sistema lo empujó)
Llevamos años digitalizando procesos escolares: libro/registro digital, comunicación interna, avisos, coordinación cotidiana. En muchos casos, esa digitalización se implementó sin equipamiento suficiente, así que el funcionamiento real descansa en una verdad incómoda: las y los docentes terminan usando sus teléfonos personales para cumplir.
Entonces, ¿Cómo se entiende que el mismo sistema que empuja la digitalización —y que en la práctica descansa en dispositivos personales— ahora prohíba el celular como si fuera un lujo prescindible?
Porque, en terreno, el celular docente se usa para cosas concretas:
- Coordinación interna frente a imprevistos (y en una escuela, lo imprevisto es la norma).
- Comunicación rápida con dirección/inspectoría/PIE/convivencia.
- Verificar información al vuelo para aclarar una duda y sostener la clase.
- Gestionar contingencias sin abandonar a 35–45 estudiantes.
- Acceso a plataformas y registros cuando el internet del colegio no llega a la sala.
Prohibir esto no mejora el funcionamiento escolar. Lo rigidiza y, peor, lo vuelve más lento e inseguro.
3) Estudiantes y docentes no están en la misma posición
Las y los docentes somos adultos/as con criterio, responsabilidades y obligación profesional de sostener el aula. “La misma regla para todos/as” suena justo como eslogan, pero se vuelve una mala idea cuando se traduce en norma.
Y ojo: no estoy defendiendo el show. No soy partidario del “docente tiktoker” grabando en la sala o exponiendo estudiantes. Ese es un debate ético serio, pero seamos honestos/as: es un porcentaje mínimo. La mayoría está concentrada en hacer clases en condiciones complejas.
Lo que preocupa es el patrón de siempre: se detecta un problema social enorme (hiperconexión, adicción, ansiedad) y la salida institucional termina siendo: “que la escuela lo arregle”. Y si no resulta, ya sabemos: presión, fiscalización y sanción.
Si el objetivo es proteger a niños y niñas, hagámoslo bien:
- Restricción clara a estudiantes en aula,
- Protocolos realistas para uso docente (funcional/pedagógico, no recreativo),
- Corresponsabilidad real afuera: familias, publicidad, plataformas y cultura digital.
Porque prohibirle el celular al docente no es coherencia. Es desconocer cómo funciona hoy una escuela.
¿Te parece razonable tratar igual a estudiantes y docentes en este punto, cuando el riesgo, la escala del problema y el propósito de uso no son comparables?
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