En Chile, las políticas públicas sobre convivencia escolar surgen desde el Ministerio de Educación, a inicios del milenio, como respuesta a un diagnóstico general del sistema escolar, que sostenía que gran parte de las escuelas y liceos del país, tenían serios problemas para elaborar normativas internas coherentes con los cuerpos legales vigentes y sus respectivos proyectos educativos institucionales (PEI). También para comenzar a abordar las diferentes manifestaciones que presenta la conflictividad escolar y potenciar la formación ciudadana de las “nuevas” generaciones.
Sin embargo, si bien es el Ministerio de Educación la entidad encargada de formular dichas políticas y elaborar o acompañar la redacción de diferentes proyectos de Ley, sería un error presuponer total coherencia entre los diferentes componentes que conforman la actual política pública en esta materia. Al contrario, este tema ha sufrido abordajes diferenciados en el tiempo, utilizando para ello tanto elementos legales (leyes y decretos), obligatoriamente vinculantes para los establecimientos educacionales, así como también, orientaciones ministeriales que sin el peso jurídico anterior, pretenden guiar a los equipos directivos y docentes en el abordaje pedagógico de la convivencia escolar.
En otras palabras, la política pública sobre convivencia escolar se ha ido articulando lentamente en lo que va de siglo, desde la primera Política Nacional de Convivencia lanzada por el MINEDUC en 2002, pasando por su incorporación en la Ley SEP como uno de los ámbitos de gestión educativa en 2008, la instalación del cargo de Encargado/a de Convivencia el 2011 y el inicio del rol fiscalizador de la Superintendencia de Educación Escolar el 2012.
A continuación compartimos con ustedes un breve extracto del séptimo capitulo del podcast "Convivencia No Hace Nada" conducido por Robinson Pérez y Miguel Ángel Palacios, de agosto de 2025.
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