por Francisco Farías Mansilla
El informe Radiografía de la Exclusión Escolar en Chile (2016-2024): Análisis Crítico del Proyecto de Ley “Escuelas Protegidas” (2026), elaborado por Verónica López y Russell Skiba desde el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, constituye una contribución significativa al debate actual sobre convivencia escolar, seguridad educativa y políticas disciplinarias en Chile. El documento se inscribe en la discusión pública y legislativa en torno al Proyecto de Ley “Escuelas Protegidas”, impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast, iniciativa orientada a fortalecer las herramientas institucionales para enfrentar situaciones de violencia, desorden y riesgo al interior de los establecimientos educacionales. Sin embargo, el texto no se limita a examinar el proyecto desde una perspectiva normativa o jurídica, sino que propone una lectura crítica sustentada en evidencia empírica acumulada durante una década de investigaciones sobre convivencia escolar, disciplina punitiva y exclusión educativa en el país. Desde esta perspectiva, su principal aporte consiste en advertir que las respuestas centradas en el control, la vigilancia y la sanción, lejos de resolver los problemas que buscan enfrentar, pueden profundizar las trayectorias de exclusión escolar que declaran querer prevenir.
El argumento central del informe puede sintetizarse del siguiente modo: la seguridad escolar no puede construirse únicamente desde medidas de control físico o endurecimiento disciplinario, pues la evidencia muestra que la disciplina punitiva no opera como un mecanismo eficaz de disuasión, sino que, en muchos casos, refuerza la desvinculación escolar y acelera procesos de exclusión. En su resumen inicial, el texto plantea cuatro ideas fundamentales: la existencia de una brecha crítica entre enseñanza básica y media; el carácter reforzador, y no disuasivo, de la disciplina punitiva; la comprensión de la exclusión escolar como resultado de trayectorias de fragilidad; y la necesidad de armonizar este proyecto con la Ley 21.809 de Convivencia Educativa, transitando desde un modelo de control unilateral hacia formas de gestión democrática y resolución flexible de conflictos.
Uno de los aspectos más sólidos del documento es su capacidad para complejizar el diagnóstico sobre violencia y convivencia escolar. El texto reconoce que Chile enfrenta una crisis de convivencia que tensiona el rol pedagógico de las escuelas, particularmente en un contexto donde las denuncias por maltrato a adultos/as de comunidades educativas han aumentado y donde un porcentaje significativo del profesorado declara altos niveles de estrés asociados al manejo de la disciplina. No obstante, el texto evita una respuesta simplista frente a este escenario. En lugar de asumir que el aumento de la violencia exige necesariamente mayor control, muestran que el sistema escolar chileno presenta una paradoja: mientras en enseñanza básica se observan mejoras en la convivencia, en enseñanza media se constata un deterioro, expresado en mayores niveles de violencia y discriminación.
Esta distinción es especialmente importante porque permite desplazar la discusión desde la pregunta por “cómo castigar más” hacia la pregunta por qué estrategias preventivas han funcionado y por qué no se han logrado proyectar adecuadamente hacia la educación secundaria. El informe sugiere que el endurecimiento punitivo podría desconocer aprendizajes institucionales ya existentes, tratando el síntoma de la violencia en enseñanza media sin atender a las condiciones pedagógicas, relacionales e institucionales que producen o contienen dicha violencia.
Otro eje fundamental de la reseña debe atender al análisis de las sanciones escolares. El documento muestra un aumento significativo de los expedientes de expulsión entre 2016 y 2024, así como una tendencia hacia sanciones más extremas. Esta información resulta crucial porque permite comprender que la exclusión escolar no es un fenómeno marginal ni excepcional, sino un proceso que se ha intensificado en los últimos años. Además, el texto evidencia que las sanciones no se distribuyen de manera aleatoria: se concentran en establecimientos con mayor vulnerabilidad social y recaen con mayor fuerza sobre estudiantes varones, prioritarios, con sobreedad, bajo rendimiento, baja asistencia, necesidades educativas especiales o historial en el Programa de Integración Escolar.
En este punto, el concepto de “in-exclusión” aparece como una de las categorías analíticas más potentes del informe. A diferencia de una idea simple de exclusión entendida como expulsión formal del sistema, la “in-exclusión” permite nombrar una experiencia más cotidiana y persistente: la de estudiantes que permanecen físicamente dentro de la escuela, pero son simbólicamente rechazados/as, vigilados/as y tratados/as bajo sospecha. El texto describe cómo anotaciones negativas, envíos a inspectoría, suspensiones y controles reiterados configuran una experiencia escolar marcada por la desconfianza, la indiferencia institucional y la erosión del vínculo con las y los adultos/as. En este marco, la sanción no solo castiga una conducta, sino que también produce subjetividades alejadas de la escuela, del aprendizaje y de la pertenencia comunitaria.
La crítica al Proyecto de Ley “Escuelas Protegidas” se construye precisamente desde esta evidencia. El informe cuestiona varias de sus medidas principales: la revisión de mochilas y pertenencias, la intervención policial dentro de los establecimientos, la inhabilitación para acceder a la gratuidad en educación superior y la posible burocratización de la gestión colaborativa de conflictos. Respecto de la revisión de pertenencias, el texto advierte que esta medida puede trasladar a los equipos escolares una carga administrativa y jurídica compleja, además de abrir espacios para prácticas discriminatorias si no existen mecanismos de resguardo, supervisión y participación comunitaria. En relación con la intervención policial, el informe subraya el riesgo de desplazar la autoridad pedagógica hacia una lógica penal, transformando la escuela en un espacio de vigilancia y sospecha.
Particularmente fuerte es la crítica a la pérdida de gratuidad en educación superior para estudiantes condenados/as por delitos graves en contexto educativo. Según el texto esta medida no constituye una sanción aislada, sino una restricción de largo plazo que afecta directamente las posibilidades de continuidad educativa, movilidad social y reinserción. Al cerrar una vía de acceso a la educación superior, el Estado podría consolidar aquello que el informe denomina el “conducto de la escuela a la prisión”, profundizando trayectorias de exclusión previamente existentes.
El texto también introduce una advertencia relevante para quienes defienden enfoques restaurativos o colaborativos: no basta con declarar la importancia de la mediación o la gestión colaborativa de conflictos si estas se transforman en procedimientos rígidos, obligatorios y burocráticos. El informe distingue entre “rutas largas”, que aumentan la sensación de impunidad, demora e indiferencia institucional, y “rutas cortas”, basadas en la intervención oportuna, directa y pedagógica de docentes y equipos de convivencia. Esta distinción es especialmente valiosa porque permite evitar una falsa oposición entre sanción y diálogo: el problema no es la existencia de procedimientos, sino la pérdida de oportunidad, sentido pedagógico y legitimidad comunitaria de las respuestas institucionales.
En términos valorativos, el informe realiza un aporte sustantivo al debate educativo chileno porque obliga a repensar la relación entre seguridad, convivencia y derecho a la educación. Su principal fortaleza es mostrar que la violencia escolar no puede ser abordada solo como un problema de orden, sino como una expresión de trayectorias escolares, desigualdades sociales, fragilidades institucionales y vínculos pedagógicos deteriorados. En ese sentido, el texto ofrece una crítica consistente al enfoque de “tolerancia cero” y propone alternativas orientadas a la “gobernanza democrática”, la justicia restaurativa, la protección de trayectorias PIE, el fortalecimiento del vínculo pedagógico y el monitoreo de sesgos institucionales.
Ahora bien, una pregunta crítica que podría formularse a partir del texto es cómo traducir sus recomendaciones en condiciones reales de implementación para escuelas y liceos altamente tensionados por el malestar docente, la violencia entre pares, la presión mediática y la escasez de recursos profesionales. El informe identifica con claridad los riesgos del punitivismo, pero deja abierta la discusión sobre las capacidades concretas que requiere el sistema escolar para sostener respuestas no excluyentes, especialmente en enseñanza media. Dicho de otro modo, la crítica al control debe ir acompañada de una política robusta de apoyo institucional, formación docente, equipos de convivencia fortalecidos y tiempos escolares disponibles para la intervención pedagógica.
En síntesis, Radiografía de la Exclusión Escolar en Chile es un texto relevante, oportuno y políticamente necesario. Su valor radica en desplazar el debate desde la demanda inmediata de mayor castigo hacia una pregunta más compleja: qué tipo de protección necesita realmente la escuela para cuidar a sus comunidades sin producir nuevas formas de exclusión. El informe no niega la urgencia de enfrentar la violencia escolar, pero advierte que una seguridad construida desde la sospecha, la vigilancia y la sanción puede terminar debilitando aquello que la escuela más necesita proteger: el vínculo pedagógico, la pertenencia comunitaria y el derecho efectivo a permanecer, aprender y desarrollarse en condiciones de dignidad.
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